Un amplio porcentaje del casco urbano de Murcia, como Barriomar o San Benito, y del suelo en desarrollo de las pedanías de Alquerías, Puente Tocinos, Era Alta, Nonduermas, Aljucer, Los Dolores, Zarandona, Santiago y Zaraíche, Puente Tocinos o La Alberca tienen vetada la construcción, entre otras, de obras de equipamiento y limitada la ejecución de viviendas, según la nueva normativa sobre zona de flujo preferente de aguas, lo que supone más del 60% del municipio, o lo que es lo mismo 110 sectores de suelo urbanizable afectados. En estas zonas no se puede desarrollar tal y como están previstos los planteamientos urbanísticos.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Murcia va a presentar para su aprobación en el próximo Pleno la declaración de zona de alta inundabilidad del municipio, lo que «flexibilizará el régimen tan duro existente» en materia urbanística en zonas de flujo preferente, indicó el concejal del ramo, Andrés Guerrero.
El edil explicó que la aplicación de la normativa nacional en vigor desde 2016 va a suponer «de hecho» la modificación más importante del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, pues debe contemplar las zonas por las que puede discurrir el agua en periodo de lluvias torrenciales y provocar daños, tanto a personas como a bienes materiales.
Hasta julio de 2021 la Confederación Hidrográfica del Segura, responsable de la ejecución de los planos con estos flujos de agua, no los hizo públicos, por lo que el Ayuntamiento tiene ahora que revisar todos los proyectos previstos para comprobar que cumplen con la nueva normativa. «Era la primera vez que nos decían dónde no se podía construir equipamientos, por ejemplo», dijo el concejal Guerrero.
El edil puntualizó que no se había suspendido ninguna licencia ni tramitación urbanística, «solo estamos aplicando el principio de prudencia», verificando que no están afectados por estas zonas de alta inundabilidad. Eso conlleva, reconoció, una ralentización de todas las gestiones. En este caso se encuentran alrededor de una docena de proyectos, como las dos residencias de mayores previstas en el Malecón u otra de Assido.
Este Real Decreto de 2016 impide cualquier tipo de construcción en suelo rural. En cifras, Guerrero habló de más de 78,5 millones de metros cuadrados afectados en el municipio, de los que más de 10 millones corresponden a áreas de crecimiento residencial.
Comentarios
Publicar un comentario