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UN JUZGADO PARALIZA DE ALQUIFE EN GRANADA
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Se ha tenido en cuenta la falta de firmeza de la resolución que, en septiembre de 2015, acordó la trasmisión a Minas de Alquife de los derechos mineros de Minas del Marquesado
La empresa presentó en julio de 2016 ante la Junta de Andalucía una
petición de expropiación forzosa sobre los bienes que corresponden a la
sociedad de gananciales integrada por Manuel Sánchez-Ferre y Carmen
Redondo Segura. El inicio de este procedimiento pone de manifiesto, a
juicio del referido representante, que la sociedad Minas de Alquife no
reconoce como propios los terrenos y concesiones mineras donde pretende
iniciar la explotación.
En 2008 la sociedad de gananciales integrada por el matrimonio Manuel Sánchez Ferre y Carmen Redondo vendieron aproximadamente unas 700 hectáreas de terreno a tres empresas domiciliadas en Luxemburgo. Estas tres firman, junto a Minas de Alquife SLU, conforman el actual 'holding' cuya empresa matriz, tiene su sede en Holanda.
Entre los requisitos de la compra-venta figuraba una cláusula resolutoria que estipulaba que, si a fecha 31 de diciembre de 2014 no se han efectuado los pagos, la parte vendedora recuperaría todas sus propiedades y el contrato quedaría sin efecto. Antes de vencer el plazo, el representante de las empresas luxemburguesas comunicó por escrito a la sociedad de gananciales que éstas no podrían hacer frente a sus obligaciones de pago.
Meses después, ante la negativa de la sociedad Minas de Alquife a abandonar sus propiedades, la sociedad de gananciales presentó una demanda con el objetivo de salvaguardar sus intereses y recuperar lo que legítimamente les corresponde.
En julio de 2016, Minas de Alquife presentó un escrito en la Junta de Andalucía para instar al inicio de un procedimiento de expropiación forzosa sobre los bienes de Sánchez Ferre-Redondo habida cuenta que, en septiembre de 2015, esta administración había dictado una resolución por la que se transmitía a la empresa los derechos mineros.
Un juzgado de Almería ha dictado ahora una providencia en la que ordena a la Junta de Andalucía paralizar el procedimiento expropiatorio, según la sociedad de gananciales.
El órgano jurisdiccional almeriense ha tenido en cuenta la falta de firmeza de la resolución que, en septiembre de 2015, acordó la trasmisión a Minas de Alquife de los derechos mineros de Minas del Marquesado, el incumplimiento de las condiciones resolutorias en las que se acordaba la misma y la demanda incidental interpuesta por la sociedad de gananciales.
En 2008 la sociedad de gananciales integrada por el matrimonio Manuel Sánchez Ferre y Carmen Redondo vendieron aproximadamente unas 700 hectáreas de terreno a tres empresas domiciliadas en Luxemburgo. Estas tres firman, junto a Minas de Alquife SLU, conforman el actual 'holding' cuya empresa matriz, tiene su sede en Holanda.
Entre los requisitos de la compra-venta figuraba una cláusula resolutoria que estipulaba que, si a fecha 31 de diciembre de 2014 no se han efectuado los pagos, la parte vendedora recuperaría todas sus propiedades y el contrato quedaría sin efecto. Antes de vencer el plazo, el representante de las empresas luxemburguesas comunicó por escrito a la sociedad de gananciales que éstas no podrían hacer frente a sus obligaciones de pago.
Meses después, ante la negativa de la sociedad Minas de Alquife a abandonar sus propiedades, la sociedad de gananciales presentó una demanda con el objetivo de salvaguardar sus intereses y recuperar lo que legítimamente les corresponde.
En julio de 2016, Minas de Alquife presentó un escrito en la Junta de Andalucía para instar al inicio de un procedimiento de expropiación forzosa sobre los bienes de Sánchez Ferre-Redondo habida cuenta que, en septiembre de 2015, esta administración había dictado una resolución por la que se transmitía a la empresa los derechos mineros.
Un juzgado de Almería ha dictado ahora una providencia en la que ordena a la Junta de Andalucía paralizar el procedimiento expropiatorio, según la sociedad de gananciales.
El órgano jurisdiccional almeriense ha tenido en cuenta la falta de firmeza de la resolución que, en septiembre de 2015, acordó la trasmisión a Minas de Alquife de los derechos mineros de Minas del Marquesado, el incumplimiento de las condiciones resolutorias en las que se acordaba la misma y la demanda incidental interpuesta por la sociedad de gananciales.
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